En este sentido, definimos al ordenamiento territorial comunitario: como el ejercicio mediante el cual una comunidad decide, en base a las características territoriales (físicas, biológicas y culturales) y a sus perspectivas de vida (criterios de beneficio propios); el uso que cada porción de su territorio debe tener (plan a futuro), y los mecanismos mediante los cuales ésta visión puede lograrse (estructuras y procedimientos internos).

El OTC incluye elementos y herramientas prediseñadas que facilitan la generación de propuestas concretas que se discuten en Asamblea y que ratifican el rol de los diferentes actores involucrados. En cierta medida el OTC articula las decisiones dentro de un plan básico que esta sujeto a evolución en la medida de que desencadena un proceso de movilización social que busca dar efectividad y seguimiento a los acuerdos colectivos, manteniendo el tema del ordenamiento territorial dentro de la agenda de las asambleas comunitarias.

En la práctica, el proceso de ordenación representa un ejercicio de conciliación entre los pobladores que tienen el usufructo legal de los recursos naturales en un territorio específico (la unidad agraria), y también incluye una primera aproximación al problema de los recursos y las deudas ambientales que se heredan a las siguientes generaciones. El OTC somete a discusión la eficiencia del uso actual y sus tendencias; abriendo la posibilidad de optimizar el manejo de los recursos, incorporando modelos alternativos y tecnologías innovadoras que también se someten a un ejercicio participativo, teórico y práctico, para analizar su costo-beneficio; facilitando el acceso a herramientas de vanguardia (SIG, bases de datos, balances económicos, proyecciones a mediano y largo plazo, predicción de escenarios, cálculos cuantitativos y cualitativos de los sistemas de producción, etc.), que fortalecen el peso de las decisiones comunitarias.

Por otro parte, y de acuerdo con la LEGEPA, el ordenamiento ecológico establece líneas estratégicas que adecuan de manera general el tipo de actividades, en función de las características propias y de vocación que cada una de las regiones o zonas del país. Esta concepción ubica como base de planeación a la región y en ese sentido han existido diferentes ejercicios de regionalización en el país, por cuencas hidrográficas, por provincias ecológicas, por tipos de vegetación, etc.; sin embargo, la diferencia de establecer políticas en una región (no tangible), a un territorio (tangible) pasa forzosamente por dos elementos: la propiedad y la gobernabilidad. Cualquier porción de terreno dentro de nuestro país contiene estos elementos, ya sea que se trate de terrenos gobernados y de propiedad pública (federación, estado o municipio), de terrenos gobernados y de propiedad privada (individuales), o bien de terrenos gobernados y de propiedad social (colectivos).

Existe entonces, un marco de legalidad para el ejercicio de ordenación territorial a nivel comunitario, y aunque dentro de la política ambiental, estatal y nacional (LEGEPA), no se le reconoce plenamente como una unidad de gestión ambiental, consideramos que las comunidades agrarias son unidades ideales de ordenación territorial, ya que poseen atribuciones legales para plantear estrategias de desarrollo propias; mantienen un tejido social con perspectivas de largo plazo; basan sus estrategias de vida y seguridad social en el usufructo del territorio; buscan asegurar el abasto de los bienes y servicios imprescindibles para la comunidad; poseen un gobierno local reconocido por la constitución y la ley agraria y; mantienen el conocimiento de los recursos, fenómenos y procesos naturales de su territorio.

Existe además una base firme dentro de leyes y reglamentos que norman la propiedad y el usufructo territorial, así como dentro de algunos convenios internacionales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 27, Fracción VII, Art. 4. Primer Párrafo); Ley agraria (Art. 9,10,106); Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Art. 38, 83, 98, 101, 103, 117, 136); Ley Forestal (Art. I. Fracción VII, Art. 24, 34, 35); Convenio sobre la Diversidad Biológica (Art. 1. Objetivos, Art. 8. Conservación in situ. Sección j, Art. 10. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica); Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Art. 2. Fracc.1-2, Art. 4. Fracc.1-2, Art. 6. Fracc.1, Art. 7. Fracc.1-4, Art. 13. Fracc.1-2, Art. 14 Fracc.1-3, Art. 15. Fracc.1-2)